Gobierno y Empresas Privadas Favorecen APP’s Para Pequeños Proyectos

Diferentes grupos de los sectores privados y gubernamental favorecieron hoy que se enmiende la ley que creó las Alianzas Público Privadas (APP) para que atiendan, no tan solo proyectos grandes, sino aquellos otros que menor envergadura, como los que puedan rondar alrededor de los $50 millones.

Las comisiones de Corporaciones Públicas y Alianza Público Privadas y de Desarrollo Rural, que preside el senador Ángel M. Rodríguez Otero, y la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público de la Cámara de Representantes, que preside el representante Jesús F. Santa Rodríguez, atendieron, en sesión conjunta, la medida que enmienda la Ley 29-2009, que creó las APP.

Se consideró el Proyecto del Senado 1187, equivalente al Proyecto de la Cámara 2114, ambos de Administración, que enmiendan la Ley de Alianzas Público Privadas, a los fines de definir lo que constituyen los proyectos de menos escala; disponer para la creación de la Subdivisión de Proyectos de Menor Escala como una división de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas; establecer las facultades del Director(a) Ejecutivo (a) de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas; disponer para el cobro de un cargo por los servicios prestados por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas; establecer la composición del Comité de Alianza para Proyectos de Menor Escala; disponer para ciertas excepciones en la tramitación de un proyecto de menor escala; establecer el proceso y los requisitos para la presentación de propuestas no solicitadas; y para otros fines relacionados.

La directora ejecutiva de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, Grace M. Santana Balado, expresó que la Autoridad es la única entidad gubernamental encargada de implantar política pública sobre las APP. Sin embargo, para los municipios, según dijo, se establece de forma voluntaria. “Los municipios pueden someter propuestas proyectos de alianza y autoría de forma voluntaria. La experiencia es que los municipios han sometido propuestas de alianza, de proyectos pequeños, que podrían ser excelentes para forzar un desarrollo regional o del municipal de que se trata, pero que la estructura muy bien delineada de Ley 29 no flexibiliza, lo que sería un proyecto privado, que a lo mejor podrían ser desde $5 millones a $20 millones, que la estructura y el proceso es largo y costoso, y no permite o promueve que se puedan adelantar excelentes iniciativas que hemos recibido de los municipios. Esta medida atiende esa situación con la que nos hemos enfrentado”, dijo.

A preguntas de Santa Rodríguez sobre los cambios de órdenes, que aumentan los costos de los proyectos, Santana Balado respondió que la ventaja principal de las APP es congelar el tope del proyecto al momento en que se otorga el contrato. La ventaja de las APP, según dijo, en un proyecto de nueva infraestructura radica en que se otorga un contrato y se congela el costo que va a tener el proyecto y se transfiere el riesgo a la entidad privada y no se le puede pasar al gobierno.

Por su parte, el ex presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, planteó si se podría dar una flexibilidad para que la Autoridad pueda atender proyectos pequeños por encima de los $50 millones, como lo restringe el proyecto, y se puedan atender aquellos de $60 ó $70 millones. A esto, Santana Balado respondió que es algo que nosotros nos hemos planteado, particularmente porque puede haber un proyecto excelente que propenda el desarrollo económico y que su estimado sea de $55 ó $70 millones y tengamos que perder la oportunidad de atenderlo de una forma más ágil.

Rivera Schatz planteó dar una representación en la Junta a la Asociación o Federación de Alcaldes, pero ella planteó su objeción porque se requiere puntualidad en las reuniones. Sobre este asunto, el director ejecutivo de la Federación, Reynaldo Paniagua Látimer protestó, señalando que los directores ejecutivos de ambos organismos “son siempre consistentes, los miembros del Ejecutivo son los que no llegan”.

En tanto, el senador Rodríguez Otero, al hablar sobre la medida, comentó que es un proyecto muy bueno, porque va a permitir poder hacer proyectos de menos de $50 millones, lo que implica que habrá muchas obras que podrán hacer a través de las APP, como es la reparación de puentes, carreteras no tan grande y otras construcciones, que a lo mejor los municipios desean hacerlo. “A mi me parece que es bien importante que no sólo pensemos en los mega proyectos, sino que con esta enmienda también podemos atender proyectos de menor escala y que se puedan hacer con mucha más aceleridad. “Esperamos aprobar la medida lo antes posible y obviamente, favoreciendo la enmienda porque nos parece muy positiva para la condición y situación económica que atraviesa el país en este momento y también va a ayudar a muchos municipios. También podamos incorporar estos pequeños proyectos hacerlos a través de las APP. Cuando son proyectos de gran envergadura, por lo general es con capital extranjero. Pero, cómo también nosotros podemos beneficiar al inversionista local en estos tipos de proyectos pequeños y que también que ayude a generar empleos y mover la economía, tan importante en este momento”, dijo.

En tanto, Santana Balado recomentó una enmienda a la medida para que se elimine de 30 días para presentar propuestas de proyectos, porque dicha limitación no armoniza con la política pública del Estado Libre Asociado, establecida en la Ley 29.

De otro lado, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos D. Rivas Quiñones, quien estuvo representado por Javier O. Rivera Rivera, expresó en su ponencia escrita que la medida dispone que los proyectos de menor escala no requerirán el aval del Gobernador, salvo cuando la aprobación del Gobernador sea requerida por mandato constitucional.

La Federación de Municipios, quien también favoreció la pieza legislativa, señaló que hasta el presente las alianzas se han circunscrito a proyectos de gran envergadora, cuando la realidad es que hay necesidad imperiosa de patrocinar proyectos que atiendan programas que puedan desarrollarse a costos menores o que puedan atender necesidades regionales.

De otra parte, el director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, Pedro A. Crespo Claudio, expresó que concurre con el lenguaje del proyecto a los fines de la inclusión en la Internet de los estudios que justifican la deseabilidad de una posible alianza entre el sector público y privado provee mayor confianza por parte de la ciudadanía. Esto, según dijo, está de acuerdo con la política pública de mayor transparencia del Gobierno en sus acciones gubernamentales.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Waleska Rivera, quien avaló el proyecto, señaló que las APP podrían generar grandes cantidades de empleo y ayudar a resolver el problema fiscal. Ën el caso de las APP ya acordadas y las dos próximas, de resultar en que el gobierno invierta una fracción del producto en otra infraestructura, podría generar unos 15 a 20 mil empleos durante la construcción de invertirse entre $750 y $1,000 millones”, dijo.

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